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Diputados de Brasil votarían la regulación económica de las Big Tech la próxima semana

Nov 13, 2026 IDOPRESS

El proyecto de ley de mercados digitales,en la mesa de la Cámara de Diputados,amplía facultades del CADE para supervisar a las grandes plataformas y establecer obligaciones en materia de competencia.

La Cámara de Diputados podría votar el próximo martes 17 de noviembre el proyecto de ley (PL) 4.675/2025,que establece reglas específicas para la actuación de las grandes empresas tecnológicas en los mercados digitales brasileños.

La previsión fue anunciada por el relator de la propuesta,el diputado Aliel Machado (PV-PR),tras conversaciones con los líderes de los partidos.

El texto,presentado por el gobierno federal en septiembre de 2025,se tramita bajo un régimen de urgencia y está a la espera de ser debatido en el pleno. El gobierno ya articula su aprobación,aunque algunos analistas prevén que el proyecto no tendrá un camino fácil en el Congreso.

En una entrevista con CNN Brasil el miércoles 11 de noviembre,Aliel Machado afirmó que el proyecto busca ofrecer herramientas para evitar la concentración del mercado y las prácticas que perjudiquen a los consumidores y a las empresas competidoras.

Machado también mencionó la creación prevista de un consejo consultivo con la participación de autoridades,como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel),empresas y representantes de la sociedad civil.

La propuesta modifica la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 12.529/2011) y amplía las herramientas del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para identificar y supervisar a empresas con relevancia sistémica en los mercados digitales.

El proyecto también prevé la creación de una Superintendencia de Mercados Digitales dentro del organismo,dedicada al monitoreo de esos mercados y a la tramitación de procedimientos administrativos.

Cabe aclarar que la propuesta trata sobre competencia económica y no sobre la moderación de contenidos ni el control de publicaciones en las redes sociales.

Quiénes quedarían sujetos a la regulación

El proyecto establece criterios para identificar a grupos económicos con relevancia sistémica. Entre los requisitos,figura una facturación anual superior a 5,000 millones de reales en Brasil o 50,000 millones a escala global,además de características relacionadas con el poder de mercado,el número de usuarios,el control de datos y la posición estratégica en los ecosistemas digitales.

La designación no será automática por el nivel de facturación. El CADE deberá abrir un procedimiento administrativo específico,evaluar las características de cada empresa y someter la designación a la aprobación del tribunal del organismo.

“Vamos a tener que regular las plataformas”,dice Lula tras ser reelegido presidente de Brasil

A partir de entonces,podrán establecerse obligaciones especiales para prevenir prácticas anticompetitivas.

Entre las medidas previstas se encuentran impedir que las plataformas favorezcan sus propios productos y servicios en los motores de búsqueda y sistemas de clasificación; ampliar la transparencia sobre precios y criterios de recomendación; facilitar la portabilidad de datos,y permitir la interoperabilidad con servicios competidores.

El texto también contempla reglas para evitar barreras a la actividad de empresas que dependen de las grandes plataformas.

Según Machado,la intención es mantener la estructura central del informe,pese a las presiones y las conversaciones con las bancadas parlamentarias.

No obstante,la propuesta enfrenta la resistencia de empresas tecnológicas y de legisladores contrarios a la ampliación de las atribuciones del CADE.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI),que representa a estas plataformas,critica algunos puntos del texto sustitutivo.

Para la entidad,aunque la nueva versión cerró la lista de criterios para designar a empresas como agentes de relevancia sistémica,conceptos como “ecosistema digital”,“controlador de acceso” y “dependencia” siguen sin definiciones objetivas.

A juicio de la ALAI,esto mantiene un amplio margen de interpretación para el CADE y genera inseguridad jurídica,con posibles efectos sobre las inversiones,la innovación y la competencia.

Si la Cámara aprueba el proyecto,todavía deberá pasar por el Senado Federal antes de ser enviado a sanción presidencial.